En las sociedades hay personas que creen que Santa Claus existe y está representado en el Estado. “¿Tiene problemas? Acuda al Estado que lo financiará”. Básicamente el Estado es, como decía Bastiat, “la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo”. Creo que el pensador francés es el que mejor resume en su obra El Estado la naturaleza del Ogro filantrópico al que se refirió también Octavio Paz.

Ayer en Argentina el honorable Congreso de la Nación estatizó una nueva empresa, Aerolíneas Argentinas, la empresa aerocomercial “de bandera”. Después de haberla privatizado a principios de los años 90 la empresa, que tenía un cuasi monopolio legal en el mercado de cabotaje, soportó en los últimos años no sólo la imposibilidad de fijar sus tarifas (el Estado no lo permitía, obligándola a trabajar a pérdida) sino que además hubo innumerables huelgas de parte de los sindicatos (40 este año solamente) avaladas o “fogoneadas” por el mismo Estado ¿Las razones que manifestaron los congresistas, políticos y sindicalistas para estatizar la empresa? Que el sector aerocomercial, por las características geográficas del país, es “estratégico”; que no se puede dejar sin rutas aéreas a la población; que los 9 mil empleados no merecen quedarse desempleados; que la empresa representa la “soberanía nacional”, etc, etc. Esta medida significa que los contribuyentes argentinos financiarán de su bolsillo el déficit operativo y financiero que tiene la empresa y que seguramente se incrementará dada la historia argentina en términos de administración de empresas (nombramientos masivos de empleados, corrupción, robo, etc.). Lo más “gracioso” del caso: se decidió la estatización pero no se sabe aún el monto de la deuda que tiene la empresa, ni los activos ni cuánto vale.

La Carta Orgánica del Banco Central de la Argentina establece en su artículo 19 que dicha institución tiene prohibido conceder préstamos al gobierno, “excepto lo prescripto en el artículo 20”. ¿Qué establece dicho artículo?

"El Banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta una cantidad equivalente al DOCE POR CIENTO (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuenta corriente o en cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos doce meses. En ningún momento el monto de adelantos transitorios otorgados, excluidos aquellos que se destinen exclusivamente al pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito, podrá exceder el DOCE POR CIENTO (12%) de la base monetaria, tal cual se la define más arriba. Todos los adelantos concedidos en el marco de este artículo deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados. Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas".

La deuda con el Club de París alcanza los 6.700 millones de dólares. El 12% de la base monetaria actual de la Argentina equivale a unos 4,000 millones de dólares y el 10% de la recaudación del gobierno nacional de los últimos 12 meses representan unos 8,000 millones de dólares. Total: 12.000 millones de dólares, casi el doble de lo adeudado al Club de París. ¿Cómo sería la operatoria entre el banco central y la Tesorería Nacional? Me imagino que el gobierno emitiría un título público que sería comprado por el banco central; dicho título tendría una duración de unos cuantos años, cinco o diez. El plazo estimado no es arbitrario: el gobierno nacional decidió en el año 2006 usar las reservas en dólares del banco central para cancelar la deuda con el FMI por 9,530 millones entregando al banco una Letra Intransferible en dólares y con un plazo de vencimiento de 10 años (clic acá y acá para ver los balances del banco central y las notas respectivas).

Pregunta: Si en este caso el plazo de vencimiento fuera similar al título entregado por el gobierno nacional al banco central, ¿no se estaría violando el artículo 20? Queda claro que “Todos los adelantos concedidos en el marco de este artículo deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados”. No es posible que el gobierno nacional cancele la deuda que asumiría con el banco central por un monto de 6,700 millones de dólares en un período menor a los doce meses porque no cuenta con ese superávit fiscal.

Reflexión: en el año 2006 tengo la sensación de que hubo una cuasi-violación al menos del espíritu de la Carta Orgánica del Banco Central al prestarle este último al gobierno recursos para pagar una deuda de casi 10 mil millones de dólares que será devuelto en 120 meses (el presidente tuvo que sancionar un decreto para salvar las apariencias legales). Creo que en este caso nuevamente el Estado Nacional violaría la Carta Orgánica del Banco Central, tal como mencionan dirigentes de la oposición. A esta altura de los acontecimientos la supuesta “autarquía” del banco central argentino (artículo 1º de la Carta Orgánica” queda claro que no existe, más allá de que se sancione una nueva ley posibilitando este “enjuague” financiero.

En los últimos 38 años hubo cuatro cambios de moneda en Argentina como consecuencia de la pérdida constante de poder adquisitivo de la misma. Estos cinco cambios de moneda significaron la eliminación de 13 ceros desde la primera moneda nacional creada en 1880. Es decir, 1 peso de la moneda actual emitida por el banco central equivale a 10.000.000.000.000 “pesos moneda nacional” de 1970, año en el cual se produjo el primer cambio de moneda (luego en 1982, en 1985 y en 1992). Nunca existió en la Argentina independencia del banco central respecto del gobierno. Justificación suficiente para adoptar un régimen de competencia de monedas con la eliminación previa del banco central y de su monopolio de emisión

Siempre que salen noticias sobre este tema – narcotráfico – pienso en la “ley seca” de los años veinte en los Estados Unidos y sus consecuencias, cuando surgieron organizaciones mafiosas que se acribillaban entre sí y entre ellas y las fuerzas policíacas estatales. Toneladas de celuloide se fabricaron para filmar las películas referidas a los famosos Intocables y Al Capone. El problema siempre es el mismo: mercados de ciertos productos que comienzan a ser contrabandeados como consecuencia de una regulación extrema – prohibición de producir, comercializar o consumir - por parte del gobierno.  Dada la restricción legal el producto en cuestión aumenta de precio al operar en el mercado “negro”. Dada la rentabilidad extraordinaria que surge de la prohibición legal aparecen espontáneamente empresarios – los mafiosos – que quieren operar en dicho mercado. Consecuencia de las acciones para quedarse con un mayor market share son las batallas sanguinarias entre estas “organizaciones empresariales”. A todo esto se le suma el rol estatal de querer, inútilmente, eliminar a las organizaciones mafiosas convirtiendo a la sociedad en un gran ring-side donde cualquier ciudadano común puede sufrir la “externalidad” del conflicto (morir atravesado por una bala perdida o  por estar en un lugar incorrecto en el momento inoportuno).

A veces tengo la sensación que la “lucha contra el narcotráfico” también es uno de los tantos casos a los cuales estamos habituados: los políticos mencionan la existencia de “un problema” social o económico e intentan “solucionarlo” confiscando recursos de los contribuyentes, para luego asignar dichos recursos en beneficio propio. Siempre habrá gente dispuesta a drogarse. Esta actividad es milenaria: el opio ya existía en el antiguo Egipto hace 3000 años, el cáñamo también era usado en China hace 4000 años como alucinógeno, lo mismo sucedía en Centroamérica con los hongos venenosos mil años antes de Cristo. Es el mismo caso que por ejemplo el Banco Mundial: luego de cumplir hacia mediados de la década del cincuenta con su objetivo (financiar la reconstrucción de las economías de los países participantes de la segunda guerra mundial) los burócratas que trabajaban en el banco buscaron un nuevo objetivo para no tener que liquidar los activos del organismo. ¿Cuál fue ese nuevo objetivo? “Luchar contra la pobreza”. Se aseguraron así una “tarea” para toda la eternidad, dado que siempre habrá pobreza - en términos relativos - en algún sitio del planeta.

Pregunto: ¿no es tiempo de que los gobiernos vayan considerando adoptar nuevas estrategias dado el fracaso en la “pelea contra el narcotráfico? Miles y miles de muertos y miles y miles de millones de dólares malgastados de los contribuyentes en la pelea contra las mafias me parece que no ameritan el esfuerzo. Además, y fundamentalmente, me hago otras preguntas para abrir el debate: ¿se violan derechos de terceros cuando se produce y se venden bienes como las drogas? ¿Se violan derechos de terceros cuando una persona se droga? ¿Las personas no tienen el derecho de drogarse hasta morir? De ser negativas las respuestas entonces el Estado sólo debería perseguir a aquellos empresarios productores de drogas que engañen mediante fraude a los consumidores. Y nada más. Liberar en todo lo que respecta al mercado de drogas significa eliminar la accion mafiosa en dicha actividad. En los Estados Unidos después de 1933, cuando se derogó la “ley seca” nadie siguió matándose para mejorar su rentabilidad en el mercado de las bebidas alcohólicas. Empresas que producen whisky como Jack Daniel’s o Jonnie Walker no andan a los tiros intentando ganar consumidores. Han encontrado estrategias más pacíficas (mejorar la calidad, publicidad, etc.) para ganar participación en el mercado y mejorar el valor de la empresa.

-Gasto público total: 49,700 millones de quetzales (15,6% del PIB)

-Déficit financiero: 5,400 millones de quetzales (1,7% del PIB)

-Recaudación tributaria: 39,000 millones de quetzales (12,4% del PIB)

En los próximos días conoceremos los detalles del proyecto de ley, pero tengo algunas reflexiones iniciales. En el presupuesto del año en curso – 2008 – el gasto total aprobado alcanzaría el 15% del PIB; el déficit financiero un 1,3% del producto y la carga tributaria un 11,7% del PIB. Si comparamos estos números con los del proyecto de ley para el año próximo tenemos que el gasto público crecería en términos nominales (un 23,8%). No sabemos las proyecciones sobre la variación de precios para el 2009, pero si están alrededor de un aumento del 15% anual entonces el gasto público crecerá en términos reales aproximadamente un 7%. Dado que el banco central de Guatemala estimó hace menos de un mes que el PIB crecerá un 4,6% en 2009 creo que incrementar el gasto por encima de la tasa de crecimiento real de la economía es un grave error. Primero porque no creo que la proyección de la tasa de crecimiento del banco de Guatemala se confirme (el mundo crecerá menos el año próximo y eso afectará a Guatemala); segundo porque el crédito y las inversiones tienden a reducirse a nivel global; tercero porque la crisis en EEUU puede afectar  negativamente el ingreso de remesas a Guatemala (principal ingreso de divisas del país); cuarto porque intentar aumentar la carga tributaria en un contexto complicado como el actual a nivel local e internacional puede resultar en un boomerang para la recaudación (al aumentar la evasión o crecer menos la economía la recaudación presupuestada no se alcanzaría); quinto, porque si la recaudación presupuestada no se alcanza y el gasto público se mantiene tal y cual lo presupuestado entonces el déficit financiero aumentaría; sexto, porque si se incrementa el déficit financiero el gobierno tendrá que salir a buscar financiamiento o a nivel global (con tasas de interés creciendo) o en el mercado local (afectando así la tasas de interés y aumentando el costo de capital para el sector privado).

El gobierno guatemalteco aplaude y se regocija cada vez que incrementa el gasto público, fundamentalmente el que está destinado a “sectores sociales”. Esto es “pan para hoy y hambre para dentro de un rato”. Sería mejor que el gobierno se preparara para enfrentar una tasa de crecimiento menor a la actual y pensara en cómo aliviar al sector privado mediante una reforma tributaria de verdad (mayor simplicidad y menor carga tributaria), mayores desregulaciones en los mercados (laboral fundamentalmente) y una mayor apertura económica (reducción fuerte de aranceles de importación). Y fundamentalmente cumpla con sus funciones: brindar seguridad a los residentes del país y administrar una justicia transparente, eficiente y respetuosa de los derechos individuales.

El matutino Prensa Libre de hoy destaca la noticia que el aumento de precios  en América Latina alcanzó 8.9 por ciento en junio 2008 en comparación con el mismo mes del año anterior.   El artículo señala que entre los países con mayor aumento de precios  están Nicaragua (23%), Bolivia (17%) y Guatemala con (14%).   Los países con el menor aumento en los precios  son El Salvador (9%),  Colombia (7%), Perú (6%) y México (5%).   Nótese que nosotros estamos por encima del promedio de América Latina.

Nuestras autoridades de gobierno y monetarias nos han dicho que nuestro aumento de precios se debe al aumento en los precios del petróleo y sus derivados.   Curioso es, entonces, que hay países que están debajo de nosotros en los aumentos de precios si ellos también importan petróleo y sus derivados (con excepción de México que es país productor de petróleo).    Será que ellos han descubierto algo que nosotros no nos hemos enterado o será que hay algo más detrás del aumento de precios?   No será que nosotros nos hemos estado endeudando  y ese dinero ha entrado a circulación, presionando los precios?    No será también que nuestra productividad ha bajado y, por ende,  la oferta de bienes?   Ambas son fuerzas que presionan los precios para arriba.   No será que por ahí debemos empezar a buscar la  raíz de nuestra alza de precios en lugar de sólo culpar al petróleo y sus derivados?